Ante los señalamientos, la delegación mexicana asumió la tarea de elaborar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos; difundirlo en formatos accesibles; establecer un registro homologado de estos delitos y abrir una mesa de trabajo para revisar los 113 casos documentados por las organizaciones.
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