Las reformas constitucionales y legales en materia de salud, energía y justicia deben traducirse en beneficios concretos para la población, coincidieron especialistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), durante un encuentro académico realizado este 7 de noviembre.
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