Asunción. La fiscalía de Paraguay imputó ayer al ex presidente Santiago Peña, y solicitó prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la crisis bancaria que afectó a la mitad de la población, y que llevó a su destitución en medio de masivas protestas de los cuentahabientes del quebrado Ueno Bank. Los fiscales adelantaron que, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por ambos delitos.
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