La empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC exigió este jueves explicaciones a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, luego de que esta afirmara ante el Senado que la compañía había presentado una propuesta relacionada con el controvertido contrato de $38 millones financiado con fondos federales del programa TANF.
Sin embargo, a través de su representante legal, la licenciada Nadja Cardona Portalatín, la compañía negó haber sometido una propuesta para participar en el proceso de contratación de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y solicitó evidencia documental que sustente las expresiones de la funcionaria.
De hecho, el presidente de la compañía entregó más tarde una declaración jurada al Senado.
Según Coccoloba, su única participación consistió en responder a una invitación el 30 de diciembre de 2025, mediante un correo electrónico remitido exclusivamente a la secretaria el 8 de enero de 2026.
En esa comunicación, la empresa asegura que declinó participar en el proceso de solicitud de propuestas, conocido como RFP por sus siglas en inglés, debido a que los requisitos no estaban alineados con sus operaciones.
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