La Junta de Control Fiscal solicitó el martes autorización al Tribunal Supremo de Puerto Rico para intervenir como amicus curiae en los casos consolidados sobre el contrato de LUMA Energy y pidió, en el alegato que acompañó su solicitud, que se determine que el Gobierno no puede terminar el acuerdo de operación de transmisión y distribución con los argumentos que ha presentado.
La petición fue presentada en los casos CT-2025-0006 y CT-2025-0007, promovidos por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Gobierno contra LUMA. La Junta explicó que no obtuvo el consentimiento de todas las partes para comparecer y, por esa razón, solicitó autorización al Tribunal.
“Concluir que el Contrato de Operación de T&D ha terminado tendría consecuencias nefastas tanto para el caso del Título III de la AEE, como para la capacidad de Puerto Rico de proveer electricidad confiable a sus residentes y empresas”, planteó la Junta Fiscal en el alegato propuesto que acompañó su solicitud.
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