La red de compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habría mantenido operaciones durante casi tres décadas en el ámbito de las contrataciones electorales, mediante empresas que presuntamente simulaban competencia para obtener contratos públicos, denunció la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.
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