El escándalo de Guadalupe Taddei ha puesto al descubierto un oligopolio donde tres empresas se coludieron para controlar las adjudicaciones de materiales electorales, cuya cabeza era José Alfredo Hernández Casillas, pareja de la expresidenta del INE, cuya relación le facilitó la toma de decisiones en el órgano electoral sobre quién recibía contratos y quién no. Pero de acuerdo con fuentes de la industria, Hernández Casillas fue más allá: extorsionó a empresas fuera de su red protocriminal a las que exigía millones de pesos en pago por haberles permitido, decía, participar en los concursos.
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